En el contexto político actual, con el debate de la reforma laboral de fondo, hay quienes se limitan a augurar “marejada fuerte marejada”, mientras que otros se ocupan de abordar los cambios necesarios en su organización a fin de establecer un marco estable y justo, que defina y garantice unas relaciones contractuales sólidas, equitativas y transparentes, anticipándose a futuras y previsibles olas de cambio.

Ya es oficial: el Consejo de Ministros ha aprobado el Decreto que recoge la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros. Además, el Gobierno de coalición anuncia que se negociarán más subidas en años venideros, hasta llegar a entre 1.000 y 1.200 euros mensuales al final de la legislatura, con el fin de cumplir con su compromiso electoral de llegar en 2023 al 60% del salario medio de nuestro país, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea.

Previsiblemente, la subida suscitará un choque frontal entre distintos sectores e interlocutores sociales. Y es que parece que, en España, históricamente, nos hemos limitado a abordar el marco o regulación laboral desde la perspectiva de “Montescos o Capuletos”, haciendo hincapié en los intereses, colores y consecuencias de las posiciones de unos y otros con el ánimo férreo de sostener que cualquier modificación llevará implícita bien el desplome económico, bien el desastre social.

No obstante, y pareciéndonos muy reprobable que medidas de tal calado e impacto a corto plazo se tomen con esta precipitación, mermando la planificación y capacidad de respuesta de muchas organizaciones, hay que recordar que los datos que esgrimen los detractores de la subida no muestran tales consecuencias negativas y que, en todo caso, la carga del daño se centraría en aquellas empresas cuya precariedad solo les permite sostenerse pagando salarios muy alejados no sólo de las recomendaciones de la Carta Social Europea sino, incluso, de la propia media española.

Y es que, frente a la oposición de algunos sectores e instituciones económicas, enfocadas en evitar lo inevitable, lo que está claro es que este mar de fondo que se genera cada vez que se abre el melón del SMI ha conseguido que en España, por un lado, se haya estigmatizado la subida del salario mínimo y, por otro, que sigamos perdiendo perspectiva y oportunidades que realmente generen un contexto y una política laboral que mejore nuestra posición, productividad y competitividad como país.

Así, mientras unos se resisten, en el mundo “global” (al que, por cierto, pertenecemos todos), las organizaciones y líderes más avanzados trabajan a marchas forzadas en transformar sus organizaciones para abordar los retos del nuevo milenio, adaptando, innovando y consolidando un marco jurídico laboral acorde con los nuevos modelos de relaciones. Y es que parece que nos empeñamos en olvidar la recomendación de la Unión Europea (institución a la que, cuando nos interesa, nos sentimos muy apegados) de establecer un SMI equivalente al 60% del salario medio del país, en línea con la legítima pretensión de establecer un salario mínimo común para garantizar que los trabajadores europeos que se desplacen en busca de empleo lo podrán hacer en unas condiciones mínimas para poder vivir, de conformidad con la Estrategia Europea 2020, que fija como uno de sus principales objetivos la creación de más y mejores puestos de trabajo.

Hay que tener muy presente que tanto la transformación del mercado como el propio contexto normativo, derivado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hacen necesario que los países miembros se involucren en la promoción de un nivel de empleo elevado mediante el desarrollo de una estrategia coordinada y dirigida a lograr tanto una mano de obra cualificada, formada y adaptable como mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico.

Es cierto que muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, han sufrido y sufren la falta de capacidad, estructura y/o recursos para afrontar los cambios que vienen y que, no por duros e incluso drásticos, dejan de ser necesarios e incluso imprescindibles para su propia supervivencia.

Sin embargo, en el escenario actual y ante la primera ola de cambios entre las muchas que se adivinan en el horizonte, las organizaciones españolas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, deben reaccionar cuanto antes y enfrentarse al desafío de ofrecer un marco de seguridad, confianza y transparencia a sus equipos, so pena de perder competitividad, además de talento, reputación y oportunidades.

Y aunque sabemos que no es fácil, confiamos en que más pronto que tarde nuestras empresas iniciarán un camino hacia la transformación que pasa, indiscutiblemente, por abordar la necesidad de girar hacia modelos productivos eficientes y de valor añadido. Porque lo que no se puede negar a estas alturas es que, con un salario mínimo en alza, unas jornadas laborales que tienden a reducirse y un marco regulador cada vez más riguroso y exigente, quien no reordene y optimice su organización, va a empezar a hacer aguas…

Por nuestra parte, desde VERTA, seguiremos comprometidos y alineados con el diseño de productos y servicios que ayuden de forma realista a la transformación de nuestras organizaciones hacia un nuevo modelo de liderazgo, centrado en las personas y el talento.

VERTA Team

Fuentes

Boletín Oficial del Estado. (5 de febrero de 2020). Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf

Ministerio de Ciencia e innovación. (4 de febrero de 2020). Estrategia 2020. Recuperado de http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD